Fiscalías denuncian todos los embarazos de menores como abuso sexual. Se reportan unos 300 casos al mes, pero la mayoría fue por consentimiento La fiscal Florencia Ambrosio está obligada a acudir al llamado de hospitales y de clínicas privadas. Aunque estas últimas casi nunca la llaman. Ella es la visita que nadie quiere recibir en los pabellones de maternidad adolescente.
“La mayoría de chicas tiene miedo. Algunas se hacen las dormidas para no hablar, otras dicen que se sienten mal o me dan nombres falsos para proteger la identidad de sus parejas”, relata Ambrosio, quien debe abrir una denuncia por abuso sexual por cada parto de una menor de 18 años reportado a su despacho.
No lo planificaron, pero Susan y Christopher ya son padres a sus 17 años. Se quieren pero no se cuidaron y nació María Fernanda. Todo eso lo escuchará la fiscal para evitar que el muchacho sea enviado a “Maranguita”, el centro de readaptación juvenil de menores de Lima.
Hasta marzo del 2006, antes de que el Parlamento legislara en favor de endurecer las penas contra los violadores de niños, solo se presumía ese delito en el caso de adolescentes en estado de gravidez menores de 14 años. Pero la Ley 28704, que rige desde el 5 de abril de ese año, cambió el panorama: modificó, entre otros, el artículo 173 del Código Penal, para ampliar la indemnidad sexual (incapacidad para decidir sobre su sexualidad) hasta los menores de 18 años.
De esta manera, se penalizaron las relaciones sexuales de los adolescentes aun cuando fueran consentidas. Si se tratara de un o una adolescente y un adulto, este último sería denunciado por violación sexual. Ivetsi Lozano, una joven que a los 19 años huyó con su enamorado de 16 para vivir su romance, fue detenida en Tacna y llevada a juicio en diciembre del año pasado.
CLIMA DE TEMOR
El Ministerio de Salud (Minsa), el Colegio de Obstetras del Perú y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han advertido que una legislación más dura no ha contribuido a disminuir la tasa de embarazo adolescente ni detenido el inicio sexual temprano. Tampoco ha contribuido a que caiga la tasa de violaciones sexuales en el país (Ver cuadros). “Lo que se ha generado en los últimos tres años es un clima de temor en las adolescentes durante la atención de su embarazo y parto en los servicios de salud, por el riesgo de ser retenidas para investigaciones policiales y judiciales”, sostiene Lucy del Carpio, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa.
Al Instituto Nacional Materno Perinatal, la antigua Maternidad de Lima, llegan a dar a luz unas 3.000 adolescentes por año. La mayoría tiene partos de alto riesgo no solo porque aún les falta madurar biológica y psicológicamente, sino por descuido de sus controles prenatales.
Apenas el 10% de gestantes adolescentes en el país cumplió con todos sus controles entre el 2005 y 2008, según el Ministerio de Salud. “Cuando hay complicaciones que pudieron prevenirse es porque no hubo un control correcto”, dice Pedro Mascaro, director de la antigua Maternidad de Lima, quien reconoce que todas las madres adolescentes son retenidas hasta que una fiscal acuda a tomarles su declaración para conocer las circunstancias de sus embarazos.
Por cada mil nacidos vivos de madres adolescentes reportados en el Perú mueren 362 de ellas, de acuerdo con las cifras oficiales. “Este indicador no se reducirá en tanto no haya condiciones favorables para que acudan a sus controles prenatales y sus partos se atiendan en los servicios de salud”, señala Carmen Rosa Gamarra, decana del Colegio de Obstetras del Perú.
DELITO Y REALIDAD
La fiscal Ambrosio calcula que de cada diez casos de embarazos precoces que le reportan los hospitales públicos, nueve fueron resultados de relaciones consentidas. Pero todos, unos 300 por mes, deben denunciarse. “Hay que distinguir dos cosas: el sexo forzado siempre será delito de violación, pero el sexo consentido por adolescentes no tiene por qué ser un delito “, sostiene Mayda Ramos, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.
De ese análisis se ha encargado la Corte Suprema de Justicia y en un acuerdo de la sala plena, emitido en julio pasado, concluyó que resulta inaplicable la disposición del Código Penal que criminaliza las relaciones sexuales consentidas por los adolescentes, ya que viola sus derechos fundamentales al ejercicio de sus decisiones en materia de sexualidad. Algunos fiscales y jueces se basan en este acuerdo plenario para archivar las denuncias que no son verdaderos casos de abuso sexual, pero otros aplican un Código Penal que no siempre mira la realidad.
Grecia Rojas, directora general de la Mujer del Mimdes, sostiene que el pronunciamiento de la Corte Suprema ha servido para frenar el ingreso injustificado de adolescentes madres a los albergues del Estado, pues allí solo deberían llegar aquellas madres precoces víctimas de abuso sexual y en abandono.
EN PUNTOS
A partir de los 14, la ley les permite casarse y reconocer a hijos
El Código Civil permite que un adolescente de 14 años reconozca a un hijo, a los 16 pueda casarse y firmar otros contratos. Pero el Código Penal sanciona el ejercicio voluntario de su sexualidad.
La edad de inicio sexual de los adolescentes en Lima es entre los 16 y 19 años. En la sierra y la selva, la primera relación sexual suele ocurrir a los 12 años, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
En el 2007, la Comisión de Justicia del Parlamento aprobó un dictamen para restituir la edad de indemnidad sexual hasta los 14 años y no hasta los 18. Sin embargo, nunca llegó al pleno porque generó discrepancias entre diversos sectores y organizaciones que trabajan por los derechos de los niños.
La organización no gubernamental Acción por los Niños advirtió que “sincerar la realidad” en este tema no es tan sencillo porque facilitaría la impunidad para muchos violadores que se aprovechan de la vulnerabilidad de las menores.
El hogar Santa Rita del Ministerio de la Mujer ya no funciona para adolescentes madres. Ahora las chicas ingresan a los diferentes albergues de acuerdo a los espacios disponibles.
El embarazo adolescente es la segunda causa más importante de deserción escolar después de las condiciones económicas de la familia.
El 60% de tutores encuestados por el Ministerio de Educación se siente inseguro y poco capacitado para orientar en salud sexual y reproductiva a sus alumnos en clase. La mayoría reclama materiales didácticos.
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