Tribunal Constitucional falla a favor de joven sorprendido con marihuana en el campus. Universidad San Ignacio de Loyola lo expulsó en 2007, a 11 meses de graduarse. La apacible sonrisa en el rostro de Rodolfo Oroya Gallo debió transformarse en una expresión de pánico cuando, a inicios de 2007, un profesor de la Facultad de Administración de la Universidad San Ignacio de Loyola lo descubrió fumando marihuana dentro del campus. A escasos 11 meses de graduarse, el estudiante nada pudo hacer para impedir que las autoridades del centro decidieran su expulsión.
Seguro de haber sido víctima de un castigo desproporcionado, Oroya llevó su caso al fuero civil, pero fue rechazado en las dos primeras instancias. No obstante, en la tercera, el Tribunal Constitucional (TC) falló a su favor, alegando una lesión a sus derechos constitucionales. La sentencia –publicada el lunes pasado– ordenó su inmediata reposición en el centro.
ARBITRARIO. Carlos Mesía, vicepresidente del órgano jurisdiccional, detalló las razones de la decisión.
Pese a reprochar este tipo de conducta, el magistrado dijo que la universidad actuó arbitrariamente pues su reglamento interno no especifica la sanción por usar o portar marihuana en sus instalaciones.
Según indicó, se trata de “un texto ambiguo” que no señala con claridad qué faltas acarrean la expulsión. “No es que estemos dando luz verde al uso de marihuana. Solo aclaramos que cualquier institución, pública o privada, no puede decidir un castigo si antes no ha sido especificado en un reglamento”, explicó.
El jurista mencionó que la pena impuesta a Oroya fue “inapropiada” porque no guardó proporción con el hecho cometido. “El castigo debe existir acorde con las circunstancias. Se trataba un alumno con notas por encima del promedio”, agregó.
El abogado Percy Alache aseguró que este caso no constituirá un mal precedente sino que, más bien, servirá para que las universidades del país revisen sus reglamentos antes de cometer arbitrariedades. “Si la falta hubiese estado tipificada de antemano, la USIL habría podido sustentar su posición. Algo parecido ya ocurrió con el trabajador que hace meses fue a laborar ebrio a la comuna de Chorrillos, o con la alumna que fue echada de la Universidad San Martín por contestar un celular”, sostuvo.
A LA ESPERA. Este diario se comunicó con Rodolfo Oroya, quien aseguró que –varios días después de publicado el fallo–, hasta ahora, la universidad no ha dispuesto su reposición.
“Cometí un error y ya lo he pagado estando dos años y medio fuera de clases. Espero retomar mis estudios cuanto antes”, expresó.
Sin ánimo de dar más detalles, el joven confía en que se voltee la página de este penoso suceso.
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