Los presos por corrupción no representan ni el 1% del total de la población penitenciaria. Fuentes del Ministerio de Justicia informaron que anuncio tomó por sorpresa a ese sector.Una propuesta improvisada e inviable. Así se podría resumir el anuncio del presidente Alan García de “aplicar a corrompidos y corruptores el nuevo Código Procesal Penal y recluirlos en la colonia penal que estamos construyendo en la selva”.
Las idas y venidas del ministro de Justicia, Aurelio Pastor –quien contradijo al mandatario al negar la construcción del penal para, horas después, afirmar que el proyecto está en evaluación–, reveló no solo la poca coordinación que habría existido entre el jefe de Estado y el titular del sector.
Ello hace suponer, además, que la propuesta tampoco habría sido vista en el Consejo de Ministros, por lo que el presidente se habría apartado del artículo 118 de la Constitución, que señala que “los mensajes del presidente son aprobados por el Consejo de Ministros”. Porque, si el discurso fue discutido, ¿cómo se justifica el desconocimiento del ministro Pastor?
Que fue una idea inconsulta con el sector de Justicia y sacada de la manga por Alan García lo confirma otro hecho. Fuentes de ese ministerio revelaron a Perú.21 que el proyecto de modernización penitenciaria elaborado por la ministra (Rosario) Fernández, que va hasta 2011, “no incluye ninguna construcción en la selva”.
Las mismas fuentes indicaron que el anuncio los tomó tan de sorpresa que ayer, de forma urgente, Pastor se reunió con funcionarios del INPE para ver la forma de concretar la construcción de este penal, para el cual se destinaría un terreno de 30 mil hectáreas en la selva central y del que ni siquiera se sabe la ubicación exacta.
Para el ex procurador José Ugaz, es “sorprendente” el desconocimiento del titular de Justicia en un tema de esta importancia. “Es evidente que es un acto improvisado y, aparentemente, no ha existido la coordinación para la aprobación del mensaje presidencial”.
La misma sensación la tiene el constitucionalista Aníbal Quiroga, quien consideró inexplicables las contradicciones de Pastor, toda vez que “es el ministro quien le entrega al mandatario los datos de su sector para ser considerados en el mensaje”.
A MARCHAS FORZADAS. Otro punto de discusión es el problema que, ante instancias internacionales, acarreará para el Estado el aislar a los presos en la selva, sin dejar de lado que la medida sería inútil para la lucha contra la corrupción.
Perú.21 consultó con fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes aseguraron que un proyecto similar ya había sido evaluado durante la gestión de Wilfredo Pedraza, pero fue descartado porque infringía los derechos constitucionales de los internos y por el alto costo que representaba para el Estado. “No vale la pena construir un penal para presos por corrupción; la población penitenciaria por ese delito no llega ni al 1% del total. En los penales no hay más de 50 presos por corrupción, y las cifras disminuyen”, replicaron las fuentes.
El abogado Iván Montoya explicó que “los condenados tienen derecho a las visitas y a mantener el vínculo familiar. El traslado quebrantaría estos derechos, sobre todo cuando el tránsito entre la costa y la selva es difícil y, económicamente, inaccesible; se terminaría condenando a los presos al aislamiento total”, refirió. El ex procurador Luis Vargas fue más allá: “¿Qué pasaría si estos presos trasladados interponen un hábeas corpus porque no pueden recibir visitas? Definitivamente, conseguirían un pronunciamiento de la Corte de San José contra el Estado”, advirtió.
0 comentarios:
Publicar un comentario