El derrocado presidente hondureño anunció que intentará retornar en los próximos días a Tegucigalpa acompañado de un “ejército popular” de seguidores. En tanto, la Fiscalía hondureña le abrió un proceso por falsificación de documentos. “En los próximos días, yo quiero regresar a Tegucigalpa, es cierto, con un acuerdo político. Pero quiero regresar porque el pueblo ganó la batalla”, anunció Zelaya ante cientos de partidarios reunidos en la ciudad fronteriza de Ocotal, a 226 kilómetros al norte de Managua, capital de Nicaragua, donde permanece desde el pasado viernes.
El plan, según dejó entrever, busca negociar, con una posición de fuerza, su retorno con el gobierno de facto de Roberto Micheletti, con el apoyo de la comunidad internacional, a la que ha pedido que incremente la presión contra los golpistas que lo desplazaron del poder hace 32 días.
“No hay una fecha determinada (para mi regreso). Se está haciendo la presión necesaria para lograr el acuerdo” con los golpistas, dijo. “Se está realmente hablando a nivel internacional y de Honduras”, agregó, sin ofrecer detalles de las supuestas negociaciones que impulsa desde el extranjero.
Zelaya también confirmó que instalará campamentos en zonas rurales de Ocotal y que para ello ha estado visitando algunas fincas donde podría trasladar a por lo menos 200 hondureños que le acompañan.
Este será “el ejército del pueblo, el ejército que cuidará al presidente de la República”, insistió a sus correligionarios, a quienes prometió recompensarlos cuando recupere el poder.
INVESTIGADO POR FISCALÍA. La Fiscalía General de Honduras presentó hoy una nueva denuncia contra Zelaya para abrirle un proceso por el delito de falsificación de documentos, al aprobar un decreto que autorizaba un gasto de 27 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) en publicidad.
Esta denuncia, que afecta también a otros dos antiguos ministros del Gobierno del mandatario derrocado el pasado 28 de junio, se refiere a la aprobación, en enero de este año, del gasto de 27 millones de lempiras “argumentando una situación de emergencia”, según el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte.
Explicó que este decreto no cumplió con los requerimientos de la ley para los decretos de emergencia, porque “no fue aprobado en Consejo de Ministros ni publicado en La Gaceta”, el diario oficial.
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