La nueva legislación tipifica como delito la inmigración ilegal, fija multas de hasta 10.000 euros y agiliza el proceso de expulsión del país En Italia hay casi un millón y medio de asistentes del hogar y cuidadores de ancianos, de los que el 71,6% son inmigrantes irregulares, según los datos difundidos hoy por el centro de estudios sociales italiano Censis.
Estos datos se publican pocos días después de que entrara en vigor la ley sobre seguridad en Italia que tipifica como delito la inmigración ilegal, fija multas de entre 5.000 y 10.000 euros en estos casos y agiliza el proceso de expulsión del país.
El Ejecutivo italiano, no obstante, ha elaborado una disposición especial para este tipo de casos, ya que se arriesgaba a que un importante número de familias se quedara sin el apoyo necesario para ocuparse de sus ancianos y de las tareas del hogar.
Según el Censis, para una de cada diez familias italianas esos empleados del hogar son “indispensables”.
SOLUCIÓN A LA VISTA
Los ministerios de Welfare (Trabajo y Bienestar Social) y de Interior emitieron una circular que permitirá que los indocumentados que desempeñen en Italia una labor de ayuda y de sostén de las familias italianas puedan regularizar su situación.
Para la regularización será necesario presentar una solicitud por Internet entre el 1 y el 30 de setiembre próximo, aunque serán las familias las que tendrán que llevar a cabo el trámite.
Sólo podrán beneficiarse de esta medida aquellos “colaboradores domésticos”, como se les ha denominado, que a fecha de 30 de junio de 2009 hiciera al menos tres meses que trabajaban en Italia “en negro” desarrollando su actividad profesional en ese ámbito.
Antes de iniciar esta solicitud telemática, que se gestionará a través del Ministerio del Interior, será necesario abonar 500 euros, en concepto de condonación de las contribuciones no pagadas hasta el momento.
Si la petición de regulación supera todos los trámites al cumplir con los requisitos necesarios, como un certificado médico que atestigüe que el trabajador no sufre invalidez alguna, se podrá pasar a firmar un contrato laboral que, según la norma, deberá ser al menos de veinte horas semanales.
Los inmigrantes sujetos a este proceso de regularización no podrán ser expulsados del país antes del 30 de setiembre, mientras se estudia su solicitud.
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